Ley de Simplificación Administrativa de La Rioja 2/2026

Esta ley ha sido marcada como sospechosa porque promete simplificación pero no especifica qué trámites se eliminan, cuánto se reducirán los plazos ni qué documentos dejarán de pedirse. Es una norma marco que establece principios generales pero delega las medidas concretas a futuros reglamentos que la ciudadanía no verá hasta meses después. Esto significa que hoy no puedes saber si tu gestoría tendrá menos trabajo, si el permiso de tu negocio será más rápido o si seguirán pidiéndote el mismo papeleo de siempre. Además, bajo el paraguas de la 'racionalización administrativa', podrían modificarse silenciosamente procedimientos de control, reducirse garantías en los recursos administrativos o limitarse el acceso a determinadas ayudas públicas sin que aparezca explícitamente en los titulares. La referencia genérica a la 'calidad normativa' y el 'mercado abierto' también puede esconder cambios en requisitos para actividades económicas que beneficien a grandes operadores frente a pequeños negocios locales. Sin el texto completo y los anexos específicos, es imposible saber qué derechos se mantienen intactos y cuáles quedan recortados en nombre de la eficiencia.

La Ley 2/2026 de La Rioja pretende modernizar la relación entre la administración autonómica y los ciudadanos mediante tres pilares: simplificación administrativa (reducir burocracia y papeleos), mercado abierto (facilitar el inicio y desarrollo de actividades económicas) y calidad normativa (mejorar cómo se redactan y aprueban las leyes regionales). La norma actualiza la anterior Ley 5/2014 de administración electrónica, que se había quedado obsoleta tras los avances tecnológicos de la última década.

La ley se enmarca en los principios europeos de 'Better regulation' y 'Smart regulation', que buscan que las administraciones públicas regulen mejor, no más. Se apoya en la legislación estatal básica (Leyes 39/2015 y 40/2015) sobre procedimiento administrativo común y adapta al contexto riojano las obligaciones de unidad de mercado establecidas por la Ley 20/2013. En su exposición de motivos reconoce que los principios de simplificación ya estaban presentes en la normativa riojana desde la Ley 4/2005, pero necesitaban una actualización profunda para responder a las expectativas actuales de ciudadanos y empresas acostumbrados a la digitalización.

El problema principal es que el documento disponible solo incluye la exposición de motivos y referencias a normativa anterior, pero no el articulado completo con las medidas específicas. Esto deja en el aire qué procedimientos concretos se simplifican, qué requisitos se eliminan y qué plazos se acortan realmente. Sin esos detalles, la ley funciona como declaración de intenciones más que como reforma práctica inmediata.

Esta norma impacta a toda la ciudadanía riojana que realice cualquier trámite con la administración autonómica: desde solicitar una ayuda o subvención hasta presentar una reclamación o pedir un certificado. Especialmente afectados están autónomos y pequeñas empresas que necesitan licencias, permisos o autorizaciones para iniciar o mantener su actividad económica. Los sectores de hostelería, comercio, construcción y servicios profesionales son los que tradicionalmente sufren más cargas administrativas y, por tanto, podrían beneficiarse si la simplificación es real.

También afecta directamente a gestorías, asesorías y despachos profesionales que tramitan documentación en nombre de terceros, ya que los cambios en procedimientos y requisitos modificarán su trabajo diario. Las grandes empresas con departamentos jurídicos propios se adaptarán fácilmente, pero los pequeños negocios familiares sin asesoramiento especializado son los más vulnerables a cualquier cambio normativo poco claro. Por último, la propia administración riojana debe adaptar sus sistemas informáticos, formar a sus funcionarios y modificar sus procedimientos internos, lo que requiere inversión y tiempo que no aparece cuantificado en el texto disponible.

Aquí está el principal problema de esta ley: sin el articulado completo, no podemos especificar qué cambia exactamente en la práctica. La exposición de motivos habla de 'simplificación', 'eliminación de regulaciones innecesarias', 'procedimientos más ágiles' y 'minimización de cargas administrativas', pero son conceptos genéricos sin traducción concreta. No sabemos si se elimina la obligación de presentar certificados que la administración ya posee, si se reducen los plazos de silencio administrativo de tres a un mes, o si desaparecen requisitos duplicados entre distintos departamentos.

La ley modifica expresamente el capítulo I del título III de la Ley 4/2005 de funcionamiento de la Administración riojana y deroga la Ley 5/2014 de administración electrónica. Esto significa que todo el régimen de tramitación electrónica obligatoria, registros telemáticos y documentos digitales quedará regulado de nuevo, presumiblemente con criterios más actualizados. También menciona ajustes para garantizar el 'mercado abierto', lo que podría implicar cambios en cómo se autorizan actividades económicas para evitar barreras territoriales dentro de España.

Lo que sí es seguro es que habrá un periodo de adaptación donde convivirán normas antiguas con procedimientos nuevos, generando confusión temporal. Las administraciones locales riojanas (ayuntamientos) deberán adaptar sus propias ordenanzas a estos nuevos principios, multiplicando el impacto real de la reforma. Sin embargo, sin cifras concretas de reducción de plazos, eliminación de documentos o disminución de tasas, es imposible cuantificar el beneficio real para el ciudadano o la empresa.

La ley fue aprobada el 28 de abril de 2026 y se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja próximamente. Según la práctica habitual, entrará en vigor a los veinte días de su publicación oficial, salvo que el texto completo establezca un plazo diferente o una entrada en vigor progresiva por artículos. Esto situaría su aplicación efectiva probablemente en mayo o junio de 2026.

Lo crítico es que esta ley funcionará como norma marco que necesita desarrollo reglamentario posterior. Los verdaderos cambios prácticos llegarán cuando el Gobierno de La Rioja apruebe los decretos y órdenes que especifiquen qué trámites se simplifican, qué formularios cambian y qué requisitos desaparecen. Estos desarrollos reglamentarios pueden demorarse entre seis meses y dos años, según la complejidad técnica y los recursos disponibles. Mientras tanto, los procedimientos actuales seguirán vigentes.

Para ciudadanos y empresas, esto significa que no deben esperar cambios inmediatos en sus gestiones habituales. Las mejoras llegarán de forma gradual según se vayan publicando las normas de desarrollo y actualizando los sistemas informáticos. Es recomendable consultar periódicamente el Boletín Oficial de La Rioja y la página web de la administración autonómica para conocer cuándo se aprueban las normas concretas que afecten a cada sector o trámite específico. Sin calendario oficial de implementación publicado, la incertidumbre sobre cuándo se materializará cada mejora es total.

Más allá del mensaje positivo de 'menos burocracia', esta ley esconde varios aspectos importantes. Primero, la simplificación administrativa no siempre beneficia igual a todos: suele favorecer a quien tiene recursos para adaptarse rápidamente (grandes empresas, asesorías especializadas) mientras que pequeños autónomos y ciudadanos sin formación legal pueden perderse en los periodos de transición normativa. Segundo, 'simplificar' puede significar también reducir controles y garantías: menos pasos administrativos pueden traducirse en menos oportunidades de revisar decisiones, menos plazos para presentar alegaciones o menos supervisión pública sobre determinadas actividades.

El concepto de 'mercado abierto' mencionado en el título puede implicar la eliminación de requisitos locales o especificidades territoriales que protegían particularidades de municipios pequeños o sectores tradicionales riojanos. Bajo la excusa de eliminar barreras al comercio, podrían desaparecer regulaciones que defendían el comercio de proximidad frente a grandes cadenas. La 'calidad normativa' suena técnica e inofensiva, pero incluye decisiones sobre qué tipo de normas se aprueban, con qué nivel de participación ciudadana y bajo qué criterios de evaluación de impacto económico (que no siempre consideran igualmente el impacto social o medioambiental).

Finalmente, la norma deroga completamente la Ley 5/2014, lo que significa que desaparecen todas sus disposiciones específicas, tanto las buenas como las mejorables. No sabemos qué derechos concretos reconocidos en aquella ley se mantienen en la nueva hasta leer el texto completo. Esta técnica legislativa de derogar y reescribir en bloque, en lugar de modificar artículos concretos, dificulta enormemente el seguimiento ciudadano de qué cambia exactamente. La opacidad no parece casual: permite mayor margen de maniobra al gobierno autonómico para desarrollar después la ley en la dirección que prefiera, sin que el debate parlamentario inicial haya concretado límites claros.