Sueldos docentes concertados en Ceuta y Melilla suben con retroactivo

Lo primero que llama la atención es la fecha: esta orden se firma el 8 de junio de 2026 pero dice aplicarse 'desde el 1 de enero de 2024', es decir, con dos años y medio de retraso. Esto significa que durante todo ese tiempo el profesorado de los centros concertados de Ceuta y Melilla ha estado cobrando salarios desactualizados, y ahora se les debe una diferencia acumulada (los llamados 'atrasos') que no se detalla en el titular ni se cuantifica de forma clara en el texto disponible. La pregunta que debería hacerse cualquier docente afectado es: ¿cuánto dinero exacto le corresponde por estos casi tres años de retraso, y cuándo se lo van a pagar? La norma tampoco explica con precisión si el pago de estos atrasos es inmediato o si depende de que los centros concertados reciban primero los fondos públicos correspondientes, lo que podría alargar aún más la espera real del profesorado. Otro punto a vigilar: la norma menciona que estas cuantías 'posibilitarán la equiparación gradual' con el profesorado público, una expresión ambigua que no garantiza la igualdad salarial, solo un acercamiento paulatino cuyo ritmo y plazo final no se fija en este documento. Los trabajadores de estos centros deberían revisar sus nóminas de los últimos meses para comprobar si ya se les han aplicado estos incrementos o si siguen pendientes de cobro, y reclamar por escrito a la dirección de su centro si detectan diferencias no abonadas.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes actualiza las retribuciones del personal docente de los centros privados concertados ubicados en Ceuta y Melilla, así como los importes que el Estado destina a estos centros para su sostenimiento (el llamado 'módulo económico' que financia salarios y gastos de funcionamiento). Estos importes estaban recogidos en el anexo V de la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para 2023, unos presupuestos que se han ido prorrogando año tras año sin que se aprobasen unos nuevos.

La actualización responde a tres subidas retributivas del sector público aprobadas por el Gobierno en distintos momentos: un 0,5% para 2024, un 2,5% adicional para 2025 y un 1,5% más para 2026. Como estas subidas se decidieron después de que ya hubiera pasado el tiempo al que se referían, ahora se traducen en esta orden que 'pone al día' las cantidades con carácter retroactivo.

Afecta directamente al personal docente de los centros escolares privados concertados (colegios que reciben financiación pública pero son de gestión privada, muchos de ellos religiosos) situados en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. También afecta a la titularidad de esos centros, que reciben del Estado los fondos para pagar las nóminas y otros gastos escolares. No tiene ningún efecto sobre los centros públicos ordinarios ni sobre los concertados de otras comunidades autónomas, que se rigen por normativa distinta.

Se actualizan los importes anuales que figuraban en el anexo V de la Ley 31/2022, aplicando de forma escalonada tres incrementos: un 0,5% con efectos desde el 1 de enero de 2024, un 2,5% con efectos desde el 1 de enero de 2025, y un 1,5% con efectos desde el 1 de enero de 2026. En la práctica, esto supone que el salario base y los complementos del profesorado concertado en Ceuta y Melilla suben en cada uno de esos tres años, de forma acumulativa, acercándose algo más al sueldo que cobra un profesor de un centro público equivalente. El texto no incluye en el fragmento disponible la tabla completa con las cifras exactas en euros por categoría docente, por lo que los afectados deberán consultar el anexo completo de la orden publicada en el BOE para conocer su importe concreto según su nivel educativo (infantil, primaria, secundaria) y categoría profesional.

La orden se publica y firma el 8 de junio de 2026, pero sus efectos se retrotraen al 1 de enero de 2024 para el primer incremento (0,5%), al 1 de enero de 2025 para el segundo (2,5%) y al 1 de enero de 2026 para el tercero (1,5%). Esto implica que los centros concertados y el propio Estado deben calcular y abonar las diferencias salariales de los años ya transcurridos (2024 y 2025) además de aplicar ya la subida correspondiente a 2026. No se especifica en el fragmento disponible un plazo concreto para el pago efectivo de estos atrasos.

El titular habla de 'actualizar retribuciones' de forma neutra, pero detrás de esa expresión hay una realidad concreta: miles de profesores llevan potencialmente dos años y medio cobrando por debajo de lo que legalmente les correspondía, a la espera de esta orden para regularizar su situación. Tampoco se explica en el titular que estos incrementos derivan de tres normas distintas aprobadas en momentos diferentes (un acuerdo de julio de 2025, un Real Decreto-ley de diciembre de 2025 y el propio Real Decreto-ley 4/2024), lo que da idea de la complejidad y lentitud del proceso administrativo para que estas subidas lleguen al bolsillo del profesorado. Además, el hecho de que se sigan usando los presupuestos de 2023 prorrogados hasta 2026 revela que España lleva varios años sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado nuevos, lo que obliga a este tipo de parches normativos constantes para actualizar salarios y partidas que en circunstancias normales se revisarían cada año con una ley presupuestaria nueva.