CAP: nuevas reglas para camioneros y autobuses en 2026

Aunque el decreto se presenta como una simple 'modernización' técnica, toca varios puntos que pueden afectar al bolsillo y a los derechos de miles de conductores profesionales sin que el titular lo deje claro. Primero, la introducción del aula virtual como alternativa a la formación presencial suena a facilidad, pero también puede abaratar costes para las academias de formación reduciendo horas presenciales, lo que en la práctica podría traducirse en una formación más superficial para quien conduce vehículos de gran tonelaje o transporta pasajeros, sin que se detalle con precisión qué porcentaje de horas seguirá siendo obligatoriamente presencial. Segundo, la eliminación del control biométrico obligatorio (huella dactilar, reconocimiento facial) para verificar la asistencia a los cursos se justifica por criterios de protección de datos de la AEPD, pero abre la puerta a sistemas de control 'mediante hojas de firmas u otros mecanismos', lo que en la práctica puede facilitar fraudes de asistencia (firmar por otro compañero) y devaluar el valor real del certificado CAP, que es obligatorio para poder trabajar como conductor profesional. El texto no explica qué garantías sustituirán a la biometría para evitar ese fraude. El lector debería vigilar: si su empresa o autoescuela le cobra los cursos CAP como si fueran presenciales cuando en realidad usan aula virtual; si el nuevo sistema de control de asistencia es fácilmente falsificable; y si las modificaciones futuras del reglamento (que se anuncian mediante 'anexos' y 'capítulos' nuevos) terminan encareciendo las tasas de renovación del certificado, algo que el resumen oficial no cuantifica en euros ni horas concretas.

El Real Decreto 487/2026 modifica el Real Decreto 284/2021, que regula cómo deben formarse los conductores profesionales de camiones y autobuses en España: tanto la formación inicial para obtener el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) como los cursos de reciclaje periódico obligatorios para mantenerlo. La reforma responde a la necesidad de trasponer la Directiva europea (UE) 2022/2561, de 14 de diciembre de 2022, y a corregir problemas detectados desde que el reglamento anterior entró en vigor hace cinco años.

El cambio más visible es que se permite usar el 'aula virtual' (formación online en directo) como modalidad para impartir parte de los cursos de cualificación inicial, algo que hasta ahora solo estaba autorizado de forma excepcional durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la propia norma europea advierte que no todas las competencias pueden aprenderse online, por lo que se mantiene la obligación de que una parte relevante de la formación práctica y técnica se realice presencialmente en un centro autorizado.

El segundo gran cambio es la eliminación de la obligación de usar sistemas biométricos (huella, reconocimiento facial) para controlar quién asiste a los cursos, después de que la Agencia Española de Protección de Datos fijara criterios más estrictos sobre el uso de estos datos. Ahora se permitirá controlar la asistencia con hojas de firmas u otros métodos alternativos.

Afecta directamente a los conductores profesionales de camiones y autobuses en España, es decir, a quienes necesitan el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para trabajar transportando mercancías o viajeros por carretera. También afecta a los centros de formación autorizados que imparten estos cursos, que deberán adaptar sus metodologías (combinando aula virtual y presencial) y sus sistemas de control de asistencia. Por extensión, la norma impacta a las empresas de transporte y logística, que dependen de que sus conductores mantengan el CAP en vigor, y al sector del transporte de viajeros por autobús. También están concernidas las autoescuelas y academias especializadas en formación CAP, que verán modificado su modelo de negocio al poder ofrecer más formación online.

El decreto modifica varios artículos del Real Decreto 284/2021: los artículos 2 a 4, 11, 12, 18, 20 y 21, la disposición adicional sexta, y los anexos I a IV y VI. Además, añade un nuevo capítulo IX y suprime la disposición adicional octava. En la práctica, esto se traduce en: 1) la posibilidad de usar aula virtual para parte de los cursos de cualificación inicial (antes reservado solo a la formación continua durante la excepción del COVID-19); 2) la sustitución del control biométrico obligatorio por hojas de firmas u otros mecanismos que respeten los principios de licitud, necesidad y minimización de datos personales; 3) ajustes en los contenidos de los anexos que detallan el temario y la duración de los cursos, para adaptarlos a la Directiva (UE) 2022/2561. Estos cambios buscan responder también a la escasez de conductores profesionales que sufre el sector del transporte por carretera, facilitando el acceso a la formación.

El Real Decreto 487/2026 está fechado el 17 de junio de 2026 y ha sido publicado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Como es habitual en este tipo de normas, su entrada en vigor suele producirse a los 20 días de su publicación en el BOE, salvo que el propio texto establezca un plazo distinto (el fragmento disponible no detalla una disposición final específica sobre la fecha de entrada en vigor, por lo que se recomienda consultar el texto completo publicado en el BOE para confirmar la fecha exacta y si existen periodos transitorios para los centros de formación que ya tenían cursos programados bajo el modelo anterior).

El titular habla de 'modificar' el reglamento de cualificación de conductores, pero no menciona que se elimina un mecanismo de seguridad como el control biométrico de asistencia, que servía precisamente para evitar fraudes en la obtención del CAP (por ejemplo, que alguien firmara la asistencia de un compañero que no acudió a clase). Tampoco se detalla en el resumen oficial qué porcentaje exacto de horas seguirá siendo presencial y cuál podrá impartirse por aula virtual, un dato clave para que conductores y empresas sepan qué esperar. Además, el texto no aclara si el uso del aula virtual abaratará el precio de los cursos para los alumnos o si, por el contrario, los centros de formación mantendrán las mismas tarifas pese a reducir horas presenciales, lo que podría suponer un encarecimiento encubierto del acceso a la profesión de conductor. Por último, se suprime la disposición adicional octava del reglamento original, un detalle técnico que puede ocultar la eliminación de alguna excepción o garantía para determinados colectivos de conductores, y que conviene revisar en el texto íntegro para valorar su alcance real.