Nuevo decreto-ley por incendios: protecciones laborales urgentes

Este real decreto-ley se presenta como una ayuda urgente para los trabajadores afectados por los grandes incendios, pero hay varios puntos que conviene vigilar. Primero, las medidas son temporales y solo aplican en las zonas declaradas de emergencia (Madrid, Ávila y Toledo) y durante el tiempo que dure la emergencia, pero el texto no concreta cuándo termina esa situación ni cómo se renovarán las ayudas. Segundo, la prestación extraordinaria no especifica su cuantía ni los requisitos detallados para acceder a ella: el gobierno podría fijarlos más adelante y ser más restrictivos de lo que parece. Tercero, las exenciones en cotizaciones para empresas con ERTE pueden ser un alivio para los negocios, pero también abren la puerta a que algunas empresas usen la emergencia para justificar despidos o recortes salariales que no estén directamente relacionados con los incendios. Cuarto, la suspensión de plazos procesales en partidos judiciales concretos puede perjudicar a quienes tengan que reclamar derechos laborales o indemnizaciones, ya que los tiempos se alargan sin garantía de que luego se recuperen. En resumen, lea la letra pequeña: asegúrese de que su caso encaja exactamente en las condiciones, y no dé por sentado que todas las ayudas llegarán automáticamente.

El Real Decreto-ley 20/2026 es una norma urgente del Gobierno que crea un paquete de medidas laborales y sociales para hacer frente a las consecuencias de los graves incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid, la provincia de Ávila y, posteriormente, la provincia de Toledo, donde se ha declarado la emergencia de interés nacional. Entre las principales medidas se incluye la creación de una prestación extraordinaria para trabajadores que no puedan trabajar debido a la emergencia, la posibilidad de que los autónomos soliciten el cese de actividad sin necesidad de acreditar un periodo mínimo de cotización, y exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas que presenten un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor derivada de los incendios. Además, se suspenden los plazos procesales en los partidos judiciales de Ávila, Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Torrijos, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial y Nules.

Afecta principalmente a los trabajadores por cuenta ajena y autónomos que residan o trabajen en las zonas declaradas de emergencia: Comunidad de Madrid, provincia de Ávila y provincia de Toledo. También a las empresas con centros de trabajo en esas áreas que necesiten suspender o reducir la actividad por los incendios. Además, los ciudadanos que tengan algún procedimiento judicial en los partidos judiciales mencionados (Ávila, Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Torrijos, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial y Nules) verán paralizados los plazos durante la vigencia de la emergencia.

Hasta ahora, para acceder a la prestación por cese de actividad, los autónomos necesitaban haber cotizado un tiempo mínimo. Con este decreto-ley, ese requisito se elimina para quienes justifiquen que no pueden trabajar por la emergencia (el documento no especifica cuántos meses se eximen). También se crea una prestación extraordinaria para trabajadores por cuenta ajena que tengan que ausentarse del trabajo para evacuar, recuperar bienes o realizar trámites administrativos relacionados con los incendios, sin que eso perjudique su relación laboral. Las empresas que presenten un ERTE por fuerza mayor debido a los incendios quedarán exentas de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de suspensión o reducción de jornada. Por último, se suspenden los plazos de los procesos judiciales en los partidos judiciales afectados, lo que significa que ningún juicio o trámite legal vencerá mientras dure la emergencia.

El Real Decreto-ley se publicó el 29 de julio de 2026, pero el documento no especifica su fecha de entrada en vigor. Las emergencias de interés nacional fueron declaradas mediante la Orden INT/748/2026, de 23 de julio (para Madrid y Ávila) y la Orden INT/762/2026, de 25 de julio (para Toledo). Las medidas laborales y sociales están vinculadas a la vigencia de esas declaraciones de emergencia, por lo que los trabajadores y autónomos deben solicitar las ayudas mientras la emergencia esté activa. El texto no indica una fecha límite para solicitar la prestación extraordinaria ni para acogerse a las exenciones.

El titular habla de 'medidas urgentes de protección', pero no detalla que las ayudas solo se aplican en las zonas geográficas concretas de las órdenes ministeriales (no en todo el país). Tampoco dice que la prestación extraordinaria no tiene una cuantía fijada en el decreto-ley, sino que se desarrollará posteriormente. Además, los autónomos que soliciten el cese de actividad sin periodo mínimo de cotización deberán acreditar que la causa directa es el incendio, algo que puede ser complicado sin un informe oficial. Para las empresas, las exenciones en cotizaciones no cubren todos los costes laborales, solo las cuotas a la Seguridad Social, y están condicionadas a que el ERTE sea aprobado por la autoridad laboral. Por último, la suspensión de plazos procesales es temporal; cuando termine la emergencia, todos los plazos se reanudarán, lo que podría generar acumulación de trabajo en los juzgados.