Delegación para adjudicar obras de seguridad en puerto de Gijón

Este tipo de resolución delega en una sola persona (la presidenta del puerto) la decisión final sobre un contrato de obra pública. Aunque parece un trámite interno, puede implicar que la adjudicación se decida con menos control directo del Consejo de Administración. Lo que conviene vigilar es si la delegación se usa para agilizar o para evitar un debate más amplio sobre el gasto, la elección de la empresa o las condiciones del contrato. No se publican aquí ni el presupuesto ni los plazos de ejecución, así que el ciudadano no puede saber cuánto dinero público está en juego.

La resolución acuerda que la presidencia de la Autoridad Portuaria de Gijón asuma, por delegación del Consejo de Administración, la competencia para aceptar la propuesta de adjudicación, adjudicar y formalizar el contrato de construcción de un sistema de seguridad perimetral sensorizado en el puerto de Gijón. Para ello se apoya en los artículos 30.5.b) y 31.2.g) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre) y en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Además, se establece que la presidenta deberá dar cuenta de lo actuado al Consejo en la primera sesión que se celebre, y que el Consejo puede recuperar para sí el asunto (avocar) cuando lo considere oportuno.

Afecta de manera directa a las empresas constructoras o de seguridad que quieran optar a ese contrato, porque la decisión final dependerá de la presidenta y no del pleno del Consejo de Administración. Para la ciudadanía en general, el impacto es indirecto: el puerto de Gijón es una infraestructura pública, y su seguridad perimetral se financia con fondos públicos, por lo que cualquier sobrecoste o retraso en la obra puede afectar al presupuesto público, aunque este documento no indica cuantías.

La decisión de delegar se adoptó en la sesión del Consejo de Administración de 10 de julio de 2026. La resolución se firmó y publicó el 27 de julio de 2026. No se establecen aquí plazos para la tramitación del contrato ni para el inicio o fin de las obras; tampoco se indica cuándo debe rendirse cuentas al Consejo, solo que será en la primera sesión que se celebre tras la adjudicación.