Subvenciones para inserción sociolaboral en prostitución: bases

La norma crea el marco para repartir dinero público, pero no dice en el texto analizado cuánto dinero hay, ni cuántas entidades lo recibirán, ni en qué plazos se pedirá. Quien quiera solicitarlo no sabe aún a qué atenerse: eso se decidirá en cada convocatoria posterior. Además, los beneficiarios directos previsibles son entidades sociales que ejecuten los planes, no las personas en situación de prostitución, que serán usuarias de los programas, no perceptoras de la subvención. El sistema de vigilancia lo marcó como sospechoso precisamente por ser una línea de subvenciones para inserción sociolaboral: conviene vigilar que los requisitos de las entidades, los criterios de reparto y la justificación del gasto sean claros y públicos, y que la atención llegue realmente a las personas destinatarias. También hay que seguir si se exige experiencia previa, si se limita la concurrencia o si se priman determinados enfoques ideológicos, porque el texto se declara abolicionista y eso condiciona el diseño de los proyectos.

La Orden IGD/911/2026, de 26 de agosto, aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas al desarrollo de planes de atención integral y la inserción sociolaboral de personas en situación de prostitución. Es decir, fija las reglas generales del juego: qué tipo de proyectos se financiarán, cómo se pedirá el dinero, cómo se valorarán las solicitudes y cómo se justificará después. No es una convocatoria concreta de ayudas, sino el marco previo que permitirá lanzarlas.

La orden se apoya en el Real Decreto 246/2024, de 8 de marzo, que atribuye al Ministerio de Igualdad la competencia en igualdad y violencia contra las mujeres, y en el artículo 2.2 c) de ese real decreto, que encarga a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres poner en marcha medidas de prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. El texto sitúa la prostitución en un enfoque abolicionista, como manifestación de desigualdad estructural y violencia machista, y subraya que afecta de forma mayoritaria a mujeres y niñas.

El documento no concreta el importe total de las subvenciones, ni el número de ayudas, ni los plazos de solicitud. Tampoco detalla en el fragmento analizado cuántas personas podrán acogerse. Para conocer esas cifras habrá que esperar a las convocatorias que se aprueben al amparo de estas bases.

Afecta, en primer lugar, a las entidades sociales y organizaciones sin ánimo de lucro que quieran desarrollar planes de atención integral e inserción sociolaboral de personas en situación de prostitución: serán las solicitantes y perceptoras de las subvenciones. También afecta a las administraciones públicas con competencias en la materia, que podrán colaborar, y a las organizaciones de la sociedad civil.

En segundo lugar, a las personas en situación de prostitución, que son las destinatarias últimas de los programas, aunque no reciban el dinero directamente. El texto cita que entre el 75 % y el 80 % de las personas en situación de prostitución son mujeres, y que ese porcentaje asciende hasta el 90-95 % en los supuestos de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual.

Para autónomos y empresas, la norma no crea obligaciones directas ni nuevos trámites: es una línea de subvención pública para entidades que ejecuten proyectos sociales, no una regulación que imponga cargas a negocios.

Antes de esta orden no existían unas bases reguladoras específicas para subvencionar planes de atención integral e inserción sociolaboral de personas en situación de prostitución. Ahora sí: el Ministerio de Igualdad fija las reglas para repartir fondos públicos a entidades que presenten proyectos de atención y salida de la prostitución. El cambio práctico es que se abre la puerta a convocatorias de ayudas bajo criterios homogéneos.

Sin embargo, el texto analizado no da cifras concretas: no hay importe total, no hay cuantía por proyecto, no hay número de beneficiarios, no hay plazos. Cita estimaciones de contexto: entre el 75 % y el 80 % de las personas en situación de prostitución son mujeres, y hasta el 90-95 % en explotación sexual y trata. Menciona también informes internacionales, como los Informes Globales sobre la Trata de Personas de UNODC, la CEDAW y la Recomendación General n.º 38 del Comité CEDAW, y la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de septiembre de 2023 sobre la regulación de la prostitución en la Unión Europea.

Para una entidad interesada, el cambio significa que podrá solicitar financiación cuando se publique la convocatoria, pero todavía no sabe con qué dinero contará ni cuándo. Para el ciudadano, significa que se destinará gasto público a estos programas, aunque el detalle se conocerá más adelante.

El documento es la Orden IGD/911/2026, de 26 de agosto. El texto analizado no especifica la fecha de entrada en vigor ni el plazo de solicitud de las subvenciones. Tampoco indica cuándo se publicará la primera convocatoria. Por tanto, a día de hoy no se puede saber cuándo se podrá pedir el dinero ni cuánto tiempo habrá para hacerlo. Esos datos deberán aparecer en la convocatoria correspondiente, que se publicará en el BOE o en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

El titular dice que se aprueban bases reguladoras para subvenciones, pero no dice cuánto dinero hay. Tampoco dice quién reparte realmente las ayudas: serán entidades sociales, no las personas en situación de prostitución. No dice si se exigirá experiencia previa, si se valorará la colaboración con administraciones o si se primará un tipo concreto de proyecto. No dice si habrá que cofinanciar, ni qué porcentaje máximo se podrá subvencionar. No dice cuántas personas podrán beneficiarse de los planes. Y no dice si las entidades que reciban fondos podrán subcontractar servicios. Todo eso queda para las convocatorias, donde sí conviene leer la letra pequeña: requisitos, criterios de valoración, gastos subvencionables y obligaciones de justificación.