Retribución distribución eléctrica 2023: CNMC publica ajustes por sentencias

Este documento fija cuánto dinero reciben las empresas que son dueñas de la red eléctrica (los cables que llevan la luz a tu casa). Ese coste lo pagas tú en la factura de la luz, aunque la resolución no diga ni un solo euro ni qué parte del recibo te toca. Lo que puede estar oculto: el texto no aclara si tu factura sube o baja, ni cuánto. Además, incluye ajustes de los años 2020, 2021 y 2022 por sentencias del Tribunal Supremo: eso significa que se están recalculando pagos pasados, y si a las empresas les corresponde más dinero, alguien lo tendrá que pagar (probablemente, el consumidor vía tarifa). También hay un anexo de 'retribución a cuenta por falta de información': si una distribuidora no dio los datos que le pidieron, se le paga igual pero a cuenta, y luego se ajustará. Lo que deberías vigilar: si tu comercializadora te sube el término de potencia o energía sin explicación, o si en tu factura aparecen nuevos cargos regulados. Este documento ha sido marcado como sospechoso por nuestro sistema porque regula tarifas eléctricas sin publicar cifras claras: eso impide que el ciudadano sepa cuánto paga de más o de menos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la retribución que recibirán las empresas titulares de instalaciones de distribución de energía eléctrica por el año 2023. Esta retribución es el dinero que se les paga por operar y mantener la red de distribución, y se paga con cargo a la factura eléctrica. La norma se basa en la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, que fija la metodología de cálculo, y en la Ley 3/2013, de 4 de junio, que da competencia a la CNMC para establecerla. El documento se estructura en antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, más cinco anexos: el primero con la retribución de 2023, el segundo con la retribución a cuenta por falta de información, y los anexos III, IV y V con ajustes de la retribución de los ejercicios 2020, 2021 y 2022 como consecuencia de sentencias del Tribunal Supremo. No se incluye el incentivo a la calidad de 2023 por falta de datos definitivos, y se anuncia que los incentivos de 2020 a 2023 se fijarán en una resolución específica posterior.

Afecta directamente a las empresas distribuidoras de energía eléctrica, que son las que poseen y gestionan las redes de distribución. También afecta indirectamente a todos los consumidores de electricidad, ya que la retribución de estas empresas se financia con los peajes y cargos que se incluyen en la factura de la luz. No obstante, el documento no especifica el número de empresas afectadas ni los importes concretos que recibirá cada una. Tampoco detalla si el ajuste por sentencias del Tribunal Supremo supondrá una devolución o un cobro adicional para las distribuidoras, ni cómo se trasladará a la tarifa eléctrica.

El cambio principal es que se fija la retribución correspondiente a 2023 para las distribuidoras, aplicando la metodología de la Circular 6/2019 y los valores unitarios de la Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre. Además, se introducen ajustes en las retribuciones de 2020, 2021 y 2022 por sentencias del Tribunal Supremo, lo que implica recalcular lo ya pagado en esos años. También se establece una retribución a cuenta para 2023 para aquellas empresas que no aportaron la información requerida. El texto no proporciona cifras concretas: no dice cuánto se paga en total, ni cuánto corresponde a cada empresa, ni el impacto en la factura. Tampoco concreta el porcentaje de subida o bajada que podría experimentar el recibo de la luz. Lo único que se sabe es que los incentivos a la calidad de 2020 a 2023 se resolverán más adelante, en otra resolución.

La resolución se aprueba en la sesión de la Sala de Supervisión Regulatoria de 17 de septiembre de 2026, y el documento lleva fecha de 18 de septiembre de 2026. No se indica una fecha de entrada en vigor explícita en el texto proporcionado. Se dio trámite de audiencia al Consejo Consultivo de Electricidad el 20 de marzo de 2026. La retribución corresponde al año 2023, pero se aprueba en 2026, lo que supone un desfase temporal. Los incentivos de 2020 a 2023 se fijarán en una resolución específica posterior, cuya fecha no se concreta. Los ajustes por sentencias del Tribunal Supremo afectan a los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

El titular oficial no menciona que la resolución incluye ajustes retroactivos de tres años (2020, 2021 y 2022) por sentencias del Tribunal Supremo, lo que puede alterar las cuentas de las distribuidoras y, potencialmente, la tarifa eléctrica. Tampoco dice que hay una retribución a cuenta para empresas que no aportaron información, lo que podría premiar la falta de transparencia. No se especifica ningún importe, porcentaje ni número de empresas, lo que impide al ciudadano saber cuánto de su factura se destina a este concepto. Además, se deja para una resolución posterior los incentivos a la calidad de 2020 a 2023, lo que retrasa aún más la liquidación definitiva. La norma no aclara si estos ajustes supondrán una subida o bajada en el recibo de la luz.