Nueva guía oficial ante terremotos

Esta Directriz Básica se presenta como un instrumento técnico de planificación, pero puede ocultar aspectos relevantes para la seguridad ciudadana. El texto menciona un 'mapa de peligrosidad sísmica para un período de retorno de 475 años' y listas de municipios donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a VII y VIII según el Instituto Geográfico Nacional, pero no especifica cuántos municipios ni cuántas personas quedan afectadas. Esto significa que los ciudadanos de esas zonas podrían estar sujetos a planes de protección civil con obligaciones, restricciones urbanísticas o protocolos de actuación que no se detallan en el texto. Además, al tratarse de una norma de protección civil ante terremotos, puede implicar cambios en la construcción, en la ordenación del territorio o en la respuesta ante emergencias que afectan derechos como la propiedad, la libertad de circulación o la actividad económica. Se recomienda vigilar los anexos y las listas concretas de municipios, así como las posibles obligaciones que se deriven para los ciudadanos y empresas de esas zonas.

La Orden INT/1069/2026 publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2026 que aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de terremotos. Esta Directriz es el instrumento que garantiza la homogeneidad y coherencia de la planificación de los riesgos en los que concurren planes de varias Administraciones Públicas, según lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y en el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil. La Directriz identifica las actuaciones básicas para la gestión integral del riesgo sísmico, así como el contenido mínimo y los criterios de elaboración de los planes especiales de protección civil. Incluye un mapa de peligrosidad sísmica para un período de retorno de 475 años y listas de municipios donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a VII y VIII según el Instituto Geográfico Nacional. No prevé incremento de gasto público.

Afecta principalmente a los ciudadanos de los municipios incluidos en los anexos III-A y III-B, donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a VII y VIII según el Instituto Geográfico Nacional. También afecta a las Administraciones Públicas competentes en materia de protección civil, que deberán elaborar o adaptar sus planes especiales conforme a esta Directriz. Asimismo, puede afectar a sectores como la construcción, la ordenación del territorio y las empresas ubicadas en zonas sísmicas, que deberán tener en cuenta los criterios establecidos. El texto no especifica cuántos municipios ni cuántas personas afectadas.

El Acuerdo del Consejo de Ministros es de 6 de octubre de 2026 y la Orden INT/1069/2026 se publica el 7 de octubre de 2026. El acuerdo dispone que producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El texto no establece otros plazos adicionales.