Garrigues evaluará a profesores universitarios contratados

El documento publica un convenio firmado entre ANECA (organismo público dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) y el Centro Europeo de Estudios y Formación Empresarial Garrigues. El objetivo es que Garrigues colabore en la evaluación de la actividad investigadora del personal docente e investigador que trabaja con contrato laboral en universidades.

Hasta ahora, ANECA evaluaba principalmente a funcionarios de carrera mediante su Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), que otorga los conocidos 'sexenios de investigación'. Este convenio extiende el sistema de evaluación al personal contratado, un colectivo que representa una parte importante de la plantilla universitaria actual. La evaluación determina complementos salariales y el reconocimiento de la carrera investigadora.

La colaboración se enmarca en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que permite estos convenios entre administraciones y entidades privadas. Garrigues actuará como evaluador bajo los criterios y procedimientos que establezca ANECA, aunque el texto publicado no detalla los términos económicos ni la duración del acuerdo.

Este convenio afecta directamente al personal docente e investigador contratado en universidades españolas, tanto públicas como privadas adscritas. Se trata de profesores asociados, ayudantes doctores, profesores contratados doctores y otras figuras contractuales que no tienen la condición de funcionarios.

También impacta indirectamente a las universidades, que deberán adaptar sus procedimientos de evaluación del profesorado contratado al nuevo sistema. Para los investigadores, las evaluaciones positivas suelen traducirse en complementos retributivos y mejores condiciones para la promoción académica.

No afecta a los funcionarios de carrera (catedráticos y profesores titulares de universidad), que seguirán siendo evaluados directamente por la CNEAI de ANECA. Tampoco afecta a ciudadanos fuera del ámbito universitario ni a empresas, salvo aquellas vinculadas al sector educativo superior.

El cambio principal es que el personal docente contratado tendrá acceso a un sistema formal de evaluación de su actividad investigadora, algo que hasta ahora era irregular o dependía de cada universidad. Garrigues actuará como entidad colaboradora de ANECA en este proceso evaluador.

En la práctica, los profesores contratados podrán solicitar la evaluación de sus publicaciones científicas, proyectos de investigación, dirección de tesis y otras actividades académicas. Una evaluación positiva puede suponer mejoras salariales (complementos de investigación) y facilitar el acceso a plazas permanentes o promociones internas.

Lo novedoso es la participación de una entidad privada (Garrigues) en un proceso tradicionalmente público. Aunque el texto no especifica las cifras económicas del convenio, este tipo de acuerdos suelen incluir contraprestaciones económicas o compensaciones por los servicios prestados. Tampoco se detallan los plazos de evaluación, criterios específicos ni el número estimado de profesores que podrán beneficiarse.

El convenio se firmó el 6 de febrero de 2026 y se publicó en el BOE ese mismo día. La norma indica que entra en vigor desde su firma, por lo que ya está operativo desde febrero de 2026.

El documento publicado no especifica la duración del convenio ni establece plazos concretos para las convocatorias de evaluación. Tampoco indica fechas límite para que los docentes contratados presenten sus solicitudes de evaluación, que previsiblemente se anunciarán en futuras convocatorias específicas.

Se espera que ANECA publique próximamente las bases reguladoras que desarrollen este convenio, donde se concretarán calendarios, criterios de evaluación, procedimientos y plazos para que los interesados puedan presentar sus candidaturas.

El convenio no detalla el coste económico del acuerdo ni cómo se financiará. Tampoco especifica cuántos evaluadores aportará Garrigues, qué perfil profesional tendrán ni cómo se garantizará su independencia y cualificación para juzgar la investigación académica en diversas disciplinas.

Otro aspecto no mencionado es cómo afectará esto a la autonomía universitaria. Tradicionalmente, las universidades tienen competencias propias en la evaluación de su personal. La intervención de una entidad privada externa podría generar debate sobre la privatización de funciones públicas en educación superior.

Tampoco se aclara si existirán diferencias en los criterios de evaluación respecto a los funcionarios, ni si las evaluaciones positivas tendrán el mismo reconocimiento y efectos económicos. El documento se limita a anunciar el convenio sin entrar en el detalle operativo, que presumiblemente se desarrollará en documentos posteriores que concretarán el funcionamiento real del sistema.