Un decreto-ley del 23 de diciembre de 2024 autoriza a la Generalitat de Cataluña a seguir gastando dinero público en servicios sin tener presupuestos aprobados para 2025. La Comunidad usa la vía de urgencia para extender los gastos del año anterior.

Los servicios públicos catalanes se mantienen, pero sin control de nuevas inversiones ni aumento de gasto respecto a 2024. La vía de urgencia esquiva el debate parlamentario normal sobre el destino de los fondos.

La Fiscal Jefe convoca un puesto de Fiscal Delegada de Delitos contra la Administración Pública. Nadie más solicita el puesto, así que ella misma se lo adjudica.

No hay competencia ni selección externa real. Un caso de conflicto de interés evidente: quien convoca el puesto acaba quedándoselo sin candidatos alternativos.

Una ley modifica cómo se contrata y gestiona al personal de hospitales y centros de salud de Cantabria. Solo afecta a un artículo específico sobre condiciones laborales.

El documento publicado está incompleto y no detalla el cambio concreto, lo que impide evaluar si mejora o empeora las condiciones. Una modificación tan acotada puede pasar desapercibida para el público.