Ley 3/2026: simplificación administrativa o desregulación encubierta

Esta ley se presenta como una medida de simplificación administrativa, pero en realidad puede estar eliminando protecciones y derechos que antes estaban garantizados por las normas derogadas o modificadas. Al suprimir artículos de leyes como la Ley 5/2018 o la Ley 22/2018, podrían desaparecer exigencias de transparencia, plazos de reclamación o requisitos ambientales sin que se explique claramente. El lector debe vigilar si algún trámite que antes requería un plazo o un procedimiento concreto ahora se vuelve más laxo, lo que podría beneficiar a grandes empresas en detrimento de ciudadanos y pequeñas empresas. Además, la avalancha de cambios puede generar inseguridad jurídica: es difícil saber qué norma está realmente vigente.

La Ley 3/2026, aprobada por la Generalitat Valenciana, modifica y suprime un gran número de artículos y disposiciones de leyes, decretos-ley, decretos y órdenes anteriores. Su propósito declarado es combatir la hiperregulación, agilizar los procedimientos administrativos y garantizar la unidad de mercado en la Comunidad Valenciana. Para ello, altera normas tan variadas como el Decreto-ley 14/2025 (arts. 63 bis, 63 ter, 63 quater), la Ley 6/2025 (disposiciones adicionales 38 y 45 y anexo V), la Ley 2/2025 (art. 1), y muchas otras desde 1984 hasta 2025. También suprime disposiciones como el art. 17 del texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2021.

Afecta a todos los ciudadanos, autónomos y empresas que interactúan con la Administración de la Generalitat Valenciana. Especialmente a aquellos que realizan trámites sujetos a las normas modificadas, como licencias de actividades, autorizaciones ambientales, urbanismo, comercio, transporte, etc. También a los profesionales que asesoran en estos procesos (abogados, gestorías, consultores). La amplitud de las modificaciones hace que prácticamente cualquier persona o entidad que realice gestiones administrativas en la Comunidad Valenciana pueda verse afectada.

La ley no detalla cambios concretos con cifras, pero modifica o suprime artículos concretos de decenas de normas. Por ejemplo, en el Decreto-ley 14/2025 se modifican los arts. 63 bis, 63 ter y 63 quater, y en el Decreto Legislativo 1/2021 se suprime el art. 17. También se alteran preceptos de la Ley 6/2025, Ley 2/2025, Ley 6/2024, entre otras. En la práctica, estos cambios pueden eliminar requisitos documentales, acortar plazos de respuesta administrativa o reducir cargas burocráticas. Sin embargo, al no especificarse importes de ahorro ni plazos exactos, el impacto real es difícil de cuantificar para el ciudadano.

La ley lleva fecha de 29 de junio y está publicada como Ley 3/2026. No se especifica en el fragmento su entrada en vigor, pero por defecto suele ser a los 20 días de su publicación en el DOGV, salvo que la propia ley disponga otra cosa. El lector debe consultar el texto íntegro para conocer las disposiciones transitorias que puedan establecer plazos específicos para aplicar los cambios.

El titular habla de 'agilización de procedimientos y garantía de unidad de mercado', pero no dice que se están modificando o suprimiendo decenas de normas de diversa índole (desde 1984 hasta 2025), lo que puede generar una inseguridad jurídica notable. Tampoco aclara si se eliminan derechos de los ciudadanos, como plazos de audiencia o recursos. Además, el volumen de cambios (más de 40 normas afectadas según el listado) hace que sea difícil para una persona sin asesoramiento legal saber qué normativa le es aplicable. Por último, no se ofrecen indicadores de cómo se medirá la eficacia de estas medidas ni se cuantifica el ahorro esperado para los administrados.